Se publicó la norma que declara la emergencia fitosanitaria en Mendoza. Así se asegura el arribo de la ayuda nacional. El Iscamen será el ejecutor.
Con la publicación del decreto respectivo en el Boletín Oficial, el Gobierno provincial oficializó la declaración de la emergencia fitosanitaria en Mendoza a causa de la plaga Lobesia botrana, más conocida como la “polilla de la uva”. De ese modo, se asegura la llegada de $ 12 millones en fondos de la Nación para combatirla.
La resolución regirá durante 180 días con posibilidad de una prórroga por otros 180, según lo disponga el Iscamen, que coordina a nivel local las acciones para la supresión de la plaga. Cabe recordar que era la medida que faltaba, luego de que el Senasa dictara el 9 de marzo la emergencia fitosanitaria a nivel nacional.
Desde ahora, el accionar regional para evitar la propagación de la polilla hacia los oasis Centro y Sur estará a cargo del equipo técnico de Iscamen dedicado al combate de la carpocapsa.
Entre sus atribuciones, están la” coordinación, estudio y propuesta de acciones” fitosanitarias y técnico-administrativas que ayuden a controlar el foco de Lobesia botrana, para lo cual estará facultada a “realizar la evaluación de situaciones existentes o que pudieran producirse”.
Y si de evaluaciones se trata, los resultados del monitoreo iniciado a fines de febrero por Senasa sobre la afectación real en los viñedos siguen pendientes. Es que las autoridades intentan manejar con extrema prudencia la información por temor a generar expectativas que potencien el temor de los productores.
Sobre las ventajas de contar con la declaración, el presidente del Iscamen, Leandro Montané, destacó “dos componentes fundamentales: la llegada de la asistencia financiera de la Nación y el manejo de decisiones locales. En ese sentido, nos habilita a la contratación directa sin las restricciones ni los tiempos que implica un llamado a licitación”.
A dónde irán los recursos
A partir de ese margen de acción, una de las primeras medidas será adquirir un sistema para desinfectar cosechadoras y otros equipos usados en esta época. “Ayer se hicieron algunas pruebas, con la intención de poder aplicarlo en esta campaña”, adelantó Montané.
Contar con una cámara para la fumigación de uva a cargo de la Provincia es el otro tema que está en la carpeta de las inversiones una vez que lleguen los $ 12 millones prometidos por la Nación y que fuera adelantado por Los Andes.
Sin embargo, desde el Ejecutivo admiten que no será posible éste año y lo proyectan para la campaña 2011-12; para eso, aseguran que hay contactos preliminares con una fábrica instalada en Justo Daract, San Luis, que se comprometería a instalar dos de estas cámaras el año próximo.
En lo que respecta al método de control, la semana próxima se reunirán en Mendoza el director de Protección Vegetal del Senasa, quien tiene a cargo los programas de supresión y erradicación de plagas, Diego Quiroga, autoridades de Iscamen e INTA, para definir cuál se adoptará.
¿Cuándo recibirá Mendoza los $ 12 millones prometidos por el ministerio de Agricultura? “Una vez notificada la declaración de emergencia, confiamos en que a más tardar a principios de abril podremos contar con el envío de toda la remesa global, aunque la forma de la erogación dependerá de la Nación”, explicó Montané.
Incierto destino de plata para emergencia agropecuaria
Fue un anuncio que “primereó” la delegación local de la Federación Agraria Argentina: el acuerdo con la Nación para traer $ 10 millones que se repartirían como asistencia entre los productores afectados por el granizo, sobre todo en el Sur provincial.
Días atrás, desde la entidad acusaron al Gobierno mendocino de no acelerar la firma del decreto para liberar los fondos.
Por su parte, el subsecretario de Programación Agroalimentaria, Raúl Millán, salió a responder que “antes de que venza la anterior emergencia, el 31 de marzo, cuando se termine la evaluación de daños y el reempadronamiento en el RUT (Registro Único de la Tierra), se enviará el decreto para su tratamiento en Consejo de Emergencia que integran todas las entidades agropecuarias”.
La Nación deberá decidir dónde irán tales recursos. Sucede que la FAA asegura que compensará a unos mil productores, pero desde la Provincia lo consideran una distribución poco equitativa. “¿Qué pasará con los otros 4.000 afectados?” lanzó Millán
Fuente: Los Andes – Vía Cavaargentina.com
