El comercio ilícito y el fraude en el sector del vino y las bebidas espirituosas no deja de aumentar. Casos recientes como la llamada “Operación Epígrafe”, en la que la Guardia Civil ha desmantelado un entramado delictivo que operaba entre España, Vietnam y China dedicado a la falsificación de vinos bajo la Denominación de Origen Calificada Rioja, y en el que están implicadas empresas de la Comunidad Valenciana y hasta una bodega de Rioja Alavesa, muestran esta alarmante tendencia, que no sólo destruye la integridad de las cadenas de suministro y la confianza del cliente, ganada con tanto esfuerzo, sino que también llega a afectar a la buena reputación de todo un país, especialmente en productos estratégicos para su imagen, como es el vino para España.
Para hacerse una idea, la última acción de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), enmarcada en la operación OPSON XI de Europol-Interpol y centrada específicamente en las bebidas alcohólicas ilícitas y falsificadas, se saldó con la incautación por parte de las autoridades aduaneras y policiales de casi 14,8 millones de litros de bebidas alcohólicas, vino y cerveza, ilegales. En España, casi 4.000 bodegas, 101 denominaciones de origen y 42 indicaciones geográficas protegidas conforman el paisaje de la producción vitivinícola en nuestro país y convierten al sector uno de los grandes motores de nuestra economía, con más de 363.000 empleos y un valor añadido bruto superior a los 20.000 millones de euros, el 2% del PIB total.
